.- Como si nada hubiera pasado, pero son 12 años en que gobiernos pasan por las diferentes dependencias municipales, estatales y federales sin esforzarse en dar respuesta a la demanda de garantizar uno de los principales derechos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la salud.

Con cifras que ponen a temblar a una sociedad que tiene el conocimiento del problema, más no de la realidad ocultada por los gobernantes; desde aquel lamentable acontecimiento, el cual sirvió para que agrupaciones como el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental El Salto, Jalisco. A.C. iniciaran una lucha titánica para dimensionar en la justa proporción este complejo y añejo problema.

A decir del titular de este comité don Raúl Muñoz Delgadillo, a lo largo de estos 12 años, las estadísticas obtenidas y fundamentadas, evidencian que al menos 7 mil 500 personas, la mayoría habitantes de las poblaciones establecidas en los márgenes del río Santiago, han resultado dañadas por padecimientos derivados de la contaminación.

Han quedado documentados casos de enfermedades crónico degenerativas y terminales, diversos tipos de cánceres, abortos y nacimientos prematuros o con malformaciones y puntualizó:

  • Casos de insuficiencia renal terminal llevamos la cuenta en 1,357 casos confirmados.
  • Cánceres de diversos tipos han afectado a 432 personas.
  • Enfermos por diversos padecimientos derivados de la contaminación suman 4, 234 casos.

Mientras que decesos  

«Lo que sucede en el Salto es una tragedia, los culpables deben estar tras las rejas y no en cargos públicos» externó Muñoz Delgadillo y se refirió a aquellos funcionarios que en su momento tenían la responsabilidad directa, como la ex presidente municipal de el Salto Bertha Alicia Moreno «Bety» y la ahora activista pro defensora del medio ambiente Graciela González Torres quien entonces desempeñaba un cargo municipal en ese ayuntamiento.

Por su parte, don Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala A.C., señaló que el estancamiento en los procesos de saneamiento de la cuenca se han mantenido favoreciendo intereses particulares, «El peor de todos los gobernantes fue Emilio González Márquez; recuerdo que en su momento omitió dar respuesta a las declaratorias y macro recomendaciones de los organismos internacionales, ya que para él, dichas declaratorias inhibían las inversiones».

Otro de los prófugos de la justicia por este crimen ambiental es Enrique Dau Flores, ex titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA), que conjuntamente con otras dependencias estatales y federales omitieron su responsabilidad, pero tampoco solucionaron el problema latente en las aguas del Santiago.

«Él declaró a los medios de entonces que el problema de la contaminación del Río Santiago se solucionaría en cuatro años y es tiempo que no se hace», lamentó Villagómez Rodríguez.

Agregó, “ante la problemática que hoy viven los habitantes de toda esta región de la Ciénega, resulta inconcebible que los nuevos gobiernos utilicen los mismos argumentos de entonces; «vamos hacer estudios, estamos tomando muestreos…, Ya no hagan estudios, pónganse a trabajar».

La utilización de tácticas dilatorias por las dependencias gubernamentales, han servido para dejar en total impunidad a los culpables de esto que puede ser considerado el mayor crimen ambiental del occidente de México.

Sin embargo, ni las macro recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los ordenamientos internacionales que dependencias de la propia ONU, la OMS y otras, han servido para que el gobierno mexicano escuche y tome el problema en serio.

En su participación el abogado y representante de los padres del menor finado, Lic. Juan Carlos Sánchez Solórzano, desde que tomó el caso en sus manos, en el año 2016; ha dado seguimiento puntual al proceso, sin embargo y pese a que existe un reconocimiento oficial de los padres de Miguel Ángel, por parte de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, como víctimas por el caso.

Con lo que debiera ser suficiente para que las autoridades resarcieran los daños demandados, es momento que la Comisión Nacional del Agua hace caso omiso del ordenamiento. El más reciente fue el resuelto por el Tribunal 10° Administrativo, después de haberse ganado el juicio de amparo, el 27 de septiembre del 2018.

Aún así, ninguna autoridad aplica lo establecido en los artículos 147 y 148 de la Ley General de Víctimas; las autoridades a través de sus omisiones y otras tácticas dilatorias, han logrado prolongar los procesos legales, incurriendo no solamente en desacato judicial sino también en inejecución.

«Solamente del 27 de septiembre del 2018, al 28 de enero del 2020, hemos interpuesto una docena de recursos los que siguen otorgando la razón a los afectados, lamentablemente, manteniéndolo entrampado.

Finalmente este 12 de febrero, ante el procedimiento denominado Repetición del Acto Reclamado, el cual obliga a la sanción en contra de autoridades, dependerá de la postura que fijen los involucrados y esto definirá que el siguiente paso legal sea de carácter penal, previo a solicitar a la actual titular de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, se garantice el derecho de sus representados.

Ellos, afectados por la pérdida de su hijo, han vivido un verdadero éxodo jurídico y aunque son reconocidos como víctimas conforme a la propia Ley, siguen invisibles para las autoridades. Por VIGARO


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