- El Senado de la República aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el objetivo de simplificar procesos administrativos en los tres órdenes de Gobierno y avanzar hacia un modelo de Gobierno digital unificado.
Con 75 votos a favor y 37 en contra, la mayoría oficialista avaló el dictamen que ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
“Permitirá la implementación homogénea, ordenada y efectiva en todo el país en un modelo nacional de simplificación y digitalización. Se requiere homogeneizar la calidad del servicio para todo el país, independiente de los tres niveles de Gobierno, pero también independientemente del origen de ese gobierno, si no se hiciera esta parte normativa entonces tendríamos ciudadanos de primera y de segunda”, Waldo Fernández González, senador del PVEM
Se crea la Agencia Nacional de Digitalización
La ley establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la autoridad responsable a nivel nacional de supervisar y ejecutar el nuevo modelo digital, incluyendo la reducción del 50% de trámites y tiempos de respuesta, según explicó la senadora de Morena, Olga Sosa Ruiz.
“Se van a reducir el 50% de los trámites, requisitos y tiempos de resolución, actualmente a nivel federal existen 7 mil trámites, en los estados de la República hay 523 trámites y en cada municipio hay 144 trámites y una persona en toda su vida realiza en promedio 486 trámites, una carga pesada y sobre todo porque alrededor del 75% de ellos se realiza de manera presencial”, Olga Patricia Sosa Ruiz, senadora de Morena
Implementación de la Llave MX
La iniciativa contempla la implementación obligatoria de la Llave MX. Se trata de un sistema de autenticación en medios digitales para las personas que deseen hacer algún trámite. Sin embargo, para la oposición esta medida conlleva altos riesgos.
Oposición crítica la ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
La senadora del PAN, Laura Torres Esquivel, acusó que el Gobierno busca centralizar todos los datos personales de los mexicanos en una agencia controlada por el Ejecutivo, señalando directamente a José Merino, titular de la Agencia Digital en la Ciudad de México.
“Llave asociada directamente a la CURP biométrica, o sea van a tener absolutamente los datos de todos los mexicanos a cargo de una agencia que ¿Quién controla? Claro, el Ejecutivo federal. Todos estos datos estarán a cargo del Big Brother José Merino y si alguien no recuerda quién es ese señor, pues ese señor fue quien en la pandemia de COVID decidió hacer un experimento con enfermos de COVID, inyectándoles ivermectina aun cuando no había un sólo estudio ni nada que garantizara que esa medicina servía”, Laura Torres Esquivel, senadora del PAN
Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales alertó que la ley elimina facultades a municipios y estados.
“En lugar de ser una iniciativa que proponga eficientar trámites, que proponga aminorar requisitos, lo que se está haciendo es eliminar las facultades de los municipios y del propio Estado, concentrándolos de nueva cuenta ¿Adivine en dónde? Sí, otra vez, en la Agencia de Transformación Digital”, Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano
Por su parte, el PRI advirtió que además de transgredir el federalismo, la norma tiene vicios de inconstitucionalidad.
“Yo quiero saber quién fue el burro con zapatos que escribió esta iniciativa y se la pasó a firmar a la presidenta. Esta no es una ley general, esta es una ley federal, quiere decir que sólo la deben de atender las entidades federales, no las estatales y las municipales, por qué revuelven todo, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo”, Claudia Edith Anaya, senadora del PRI
¿Qué dice la ley?
Artículo 8: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, y es la responsable, a nivel nacional y en el ámbito federal, de implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la presente Ley.
Artículo 25: las entidades federativas deberán contar con un área encargada de llevar a cabo el desarrollo de soluciones tecnológicas, con el fin de promover la autonomía e independencia tecnológicas, estableciendo la rectoría del Estado en la definición de sus Tecnologías de la Información y Comunicación.
La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su trámite parlamentario.