- “Yo trabajo para que en próximo año no se realice ya ningún traslado en Jalisco para el desahogo de diligencias y medios de prueba, que se pueden hacer con videoconferencia, lo que es ya válido, lícito, está regulado, y cumple con el Principio de Inmediatez.” Magistrado Daniel Espinoza Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
.- La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco y la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León organizan y realizan durante los días 13 y 14 de diciembre su Segundo Congreso Internacional Penitenciario 2021, vía zoom, inaugurado por autoridades de ambos estados de la República.
La apertura oficial de este Congreso fue encabezada por el Director General del Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, Mtro. José Antonio Pérez Juárez; el Rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, Dr. Genaro Saúl Palacios Pámanes; el Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Mtro. Raúl Salvador Ferráez Arreola; y el Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Lic. Juan Bosco Agustín Pacheco.
Este Congreso cuenta con expertos de México, Argentina y Colombia, quienes intercambian su expertisse desde los ámbitos penitenciario, judicial y académico, con temas que van desde la reinserción social como asunto de importancia nacional, el uso de tecnologías virtuales en el ámbito judicial, el autogobierno y el co-gobierno, la seguridad penitenciaria, el delito sexual en reclusión, la internación y ejecución de sanciones a adolescentes en conflicto con la ley, el suicidio o la inteligencia criminal.
Como se observa, este Congreso aborda, desde la sistematización acumulada de conocimientos y experiencias, así como desde la investigación, asuntos centrales e insoslayables para la acción institucional, ejecutiva, judicial y legislativa, para el debate profundo de la reinserción social, la seguridad y el ámbito penal, en sociedades que buscan recuperar la legalidad, la paz y la justicia a través del Estado de Derecho.
El Congreso cuenta con ponentes como el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Magistrado Daniel Espinoza Licón; el Director General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, Mtro. José Antonio Pérez Juárez; el Ex Subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado de Guerrero y Ex Director del CERESO Apodaca.
También está el Lic. Miguel Ángel Orihuela Hernández; el Sub Director del Establecimiento Penitenciario No. 7 Jujuy, Argentina, el Lic. Cristian Leonardo Fernández y la Directora de la Unidad de Análisis Criminal (UNACRI) de Colombia, Lic. en Psic. Claudia Milena Garzón Padilla, por citar algunos.
Que ya no halla traslados de detenidos a juzgados en Jalisco
Al Magistrado Daniel Espinoza Licón, Presidente de la Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, tocó abordar la evolución de los procesos judiciales con los cambios tecnológicos, especialmente con el uso de la videoconferencia.
De manera muy puntual, el Magistrado Espinoza Licón refirió la problemática generada por los traslados que el personal penitenciario debe hacer de detenidos para desahogo de audiencias y medios de prueba, lo que incrementa riesgos, distrae personal y agrega gasto de recursos.
Por ello, apuntó, el ámbito federal acordó no trasladar detenidos y transitar al uso de la videoconferencia y al expediente digital autenticado.
Por ello, informó que tiene como objetivo para 2022 que no se realice ya ningún traslado de centros de reinserción a juzgados en Jalisco para el desahogo de diligencia y medios de prueba, que se pueden hacer con videoconferencia, lo que es ya válido, lícito, regulado, y cumple con el Principio de Inmediatez.”
Autogobierno y co-gobierno
El Lic. Miguel Ángel Orihuela Hernández, Ex Subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado de Guerrero y Ex Director del CERESO Apodaca, abordó el importante tema del autogobierno y el co gobierno.
Tras reconocer a los estados de Jalisco y de Nuevo León por la acreditación de sus centros de reinserción por parte de la ACA, (Asociación Americana de Cárceles), lo que evita autogobierno y co gobierno, el Lic. Orihuela Hernández explicó las principales causas de estas formas ilegales y de sometimiento a centros penitenciarios, autoridades visitantes y personas privadas de la libertad por parte de bandas criminales que controlan desde el interior y el exterior, con factores externos globales y de delincuencia organizada.
Como principales causas mencionó: nulos controles de confianza para directivos y personal penitenciario, controles que además suelen ser con enfoque más policial que penitenciario; deficiente capacitación; corrupción de autoridades y personal penitenciario; deficiencias en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia; abuso de prisión preventiva; ingreso de integrantes de grupos de delincuencia organizada e imputados de alta capacidad económica o afectados por consumo de drogas y alcohol.
También mencionó las presiones y amenazas desde el interior y ahora más desde el exterior; deficiencia de personal; mínimas o nulas revisiones a visitantes y personal; mínima inversión en infraestructura y equipamiento; mínimos presupuestos institucionales; inadecuada infraestructura penitenciaria que impacta en sobrepoblación y clasificación; mínimo y deficiente número y mantenimiento de cámaras de seguridad y puntos de supervisión.
El Lic. Orihuela abordó también los efectos del autogobierno y co-gobierno, como la ingobernabilidad, ausencia de autoridad, disminución de seguridad, sometimiento e intimidación, control ilegal, introducción, tráfico y comercio de objetos y sustancias prohibidas; cobros indebidos por uso de instalaciones y servicios, además del continuo sometimiento de PPL por parte de líderes negativos, principalmente mujeres, jóvenes y homosexuales.
Enumeró las conductas delictivas desde el interior que repercuten en el exterior; ganancias por actividades ilícitas, disputas de control y posibilidad de adquisición de armamento y drogas; amenazas, extorsiones, malos tratos, golpes y tortura a la población penitenciaria con complicidad de personal; imposición de disciplina ilegal; privilegios intramuros; incidentes graves, riñas, homicidios, torturas, motines, evasiones, huelgas de hambre, toma de rehenes o atentados desde el exterior.
Un punto fundamental, añadió, son las reacciones de la delincuencia organizada ante autoridades éticas y profesionales, como las amenazas y atentados contra ellos y sus familiares, e incluso campañas de desacreditación a través mantas, redes sociales y medios de comunicación, por lo que es necesario el blindaje político e institucional a directivos penitenciarios.